El Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós se encuentra a diecisiete kilómetros de Liberia, su única terminal procesa más de ochocientos mil pasajeros al año a pesar de servir a una provincia con menos de cuatrocientos mil residentes. La mayoría llega entre noviembre y abril, cuando el oleaje del Pacífico alcanza su punto máximo y los inviernos de Norteamérica empujan a los turistas hacia el sur. El corredor de sesenta kilómetros desde la pista hasta Tamarindo —un pueblo pesquero convertido en centro de surf en la Península de Nicoya— se convirtió en la ruta turística más transitada de Guanacaste a principios de la década de 2000, lo que llevó al gobierno a pavimentar la Carretera 21 en 2009 y ampliar el acceso final a través de Villareal en 2014. Hoy, esa cinta de asfalto transporta sedanes de alquiler, furgonetas privadas y una lista rotativa de operadores de transporte compartido cuyos vehículos hacen cola fuera de la puerta de llegadas desde el amanecer hasta que aterriza el último vuelo de la tarde. El transporte compartido desde el aeropuerto de Liberia a Tamarindo surgió como la transferencia económica predeterminada porque la provincia carece de tren de pasajeros y los autobuses interurbanos bordean la costa en lugar de servirla directamente. Los operadores licencian furgonetas de quince plazas a través del Instituto Costarricense de Turismo, sincronizan las ventanas de salida con los horarios de vuelo publicados por la autoridad aeroportuaria y agrupan los horarios de recogida entre las 9:00 y las 16:00 para satisfacer la preferencia de viaje diurno expresada en las encuestas a viajeros. La tarifa de treinta dólares por persona, estandarizada en la mayoría de los transportistas en 2021, refleja los costos de combustible en el segmento de la Carretera Panamericana y la comisión del diez por ciento remitida a la oficina de concesión del aeropuerto. A diferencia de los taxis punto a punto que esperan en el lote comercial, los servicios de transporte consolidan a los pasajeros que se dirigen a la misma zona costera, reduciendo las emisiones per cápita en un estimado del cuarenta por ciento según un estudio de transporte de 2019 encargado por el Ministerio de Ambiente. Tamarindo pasó de tener una población de trescientos habitantes en 1990 a más de cinco mil en 2020, su economía cambió de la ganadería a la hotelería después de que Playa Grande —la playa de anidación adyacente para las tortugas baula— obtuviera el estatus de parque nacional en 1991. La ruta del transporte termina en hoteles dispersos a lo largo de un tramo de siete kilómetros de playa, con conductores que se comunican por radio para confirmar las secuencias de entrega y minimizar los retrocesos. Los operadores cuentan con coordinadores bilingües, equipan los vehículos con aire acondicionado y portaequipajes para tablas de surf, y mantienen un seguro de responsabilidad civil suscrito por el Instituto Nacional de Seguros. El servicio opera durante todo el año, aunque la disponibilidad de asientos se reduce durante la Semana Santa y la temporada navideña de diciembre, cuando los viajeros nacionales se unen al flujo internacional entrante.